El Real Decreto sobre alquileres no ha sido aprobado en el Congreso: las medidas adoptadas por el Gobierno apenas han durado un mes. Ahora la novedad es que el cambio en el alquiler se revierte para volver a la situación anterior: los contratos seguirán siendo por tres años.

El pasado mes de diciembre de 2018 el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 21/2018, con una serie de medidas sobre el alquiler de vivienda, que básicamente afectaban a la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Propiedad Horizontal. Unas semanas más tarde, el Pleno del Congreso de los Diputados no ha convalidado ese Real Decreto-ley. ¿Qué pasa ahora?

Al no haber sido aprobado, desaparece del ordenamiento jurídico, y desde el 24 de enero ya no tienen efecto las modificaciones legales que había introducido esa norma en la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Propiedad Horizontal… pero no se anulan los efectos que tuvo durante su vigencia, entre el 19 de diciembre de 2018 y 23 de enero de 2019: los contratos que se firmaron en ese mes sí se regirán por el Real Decreto-Ley ahora eliminado.

Así quedan los alquileres

Los contratos de alquiler firmados hasta el 18 de diciembre de 2018 siguen regidos por la normativa vigente en su momento.

Los contratos de alquiler de vivienda firmados entre el 19 de diciembre de 2018 y el 23 de enero de 2019 se rigen por la norma aprobada en diciembre están sujetos a la prórroga obligatoria de hasta cinco años (o siete años si el arrendador era persona jurídica), con posibilidad de ampliar a tres años más si al término de los cinco ninguna parte decidiera dar por terminado el contrato.

Los contratos de alquiler firmados a partir del 24 de enero de 2019 se celebran sigueindo la regulación anterior: en ellos se fija la prórroga de tres años, con posibilidad de ampliarlo a uno más.

¿Vas a hacer un contrato de alquiler de vivienda?

Modelo de contrato de alquiler

Cambios que no prosperan

Al no aprobarse la norma, los cambios establecidos por el Gobierno para favorecer el acceso al alquiler también quedan sin efecto:

• Se ha derogado el límite a las garantías exigibles por el arrendador al inquilino de una vivienda, que se fijaba en dos mensualidades además de la fianza.
• Se anula la disposición que establecía que, si el arrendador es una persona jurídica, los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrían en principio a cargo del arrendador.
• Se anula la exención a los inquilinos del pago del ITP (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales) en los contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente: el inquilino vuelve a estar obligado a pagar este impuesto.

Por tanto, las medidas para proteger a los arrendatarios y hacer más asequible el acceso a las viviendas quedan en nada.

Hace falta seguridad y estabilidad

Los inquilinos necesitan una solución que sea asequible y les proporcione cierta estabilidad.

Los arrendadores, particulares en su gran mayoría, necesitan por su parte un marco jurídico seguro para poder poner en alquiler sus viviendas.

Sin ser la panacea, el Real Decreto-Ley buscaba al menos mejorar la estabilidad, si bien seguía dejando muchas cosas pendientes, y no era la solución para conseguir un alquiler asequible… pero aun menos lo es revertir ese avance y volver a la situación anterior.

Urge adoptar medidas consensuadas que den respuesta al problema complejo del alquiler. Si para resolverlo el objetivo es que haya más vivienda en alquiler a precio asequible y favorecer la estabilidad del inquilino, desde OCU insistimos en pedir a los poderes públicos la adopción medidas eficaces que contribuyan a resolver el problema de un modo estable.

• Favoreciendo la puesta en alquiler de un mayor número de viviendas ofreciendo garantías de seguridad jurídica a arrendador y arrendatario.
• Poniendo a disposición de un mayor parque de vivienda pública en alquiler.
• Estableciendo ayudas directas a aquellos colectivos especialmente vulnerables que se vean excluidos del acceso a la vivienda.

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