La Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Consumo y de sus servicios provinciales, está llevando a cabo una campaña de inspección dirigida a academias y centros privados de enseñanza con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de las personas consumidoras y usuarias y evitar así que se oferten actividades de formación sin las debidas garantías.

En total, se realizarán al menos 145 controles en las diferentes provincias andaluzas, en centros que imparten enseñanzas no regladas, es decir, que no conducen a la obtención de un título con validez académica.

La campaña se incluye un año más en el Plan de Inspección de Consumo, debido al volumen de quejas, reclamaciones y denuncias relacionadas con el sector, así como a las irregularidades detectadas en anteriores campañas de inspección. Además, se considera necesario continuar la labor de vigilancia del sector, especialmente en el actual contexto económico y social, marcado por un aumento en la oferta de cursos de formación que pueden crear expectativas de acceso a diferentes puestos de trabajo y de acreditación de requerimientos exigidos a nivel profesional.

En este sentido, las actuaciones se intensificarán en aquellos aspectos que han demostrado ser más vulnerables respecto a los derechos de las personas consumidoras y usuarias, como son la información precontractual, la introducción de cláusulas abusivas en los contratos, el control de la contratación a distancia, etc. Para ello, la campaña se centrará en dos áreas claras de intervención: la publicidad y la información previa, y la contratación.

De este modo, se pondrá el foco en comprobar que se facilita a las personas usuarias información completa y correcta acerca de las características del centro y de los cursos ofertados, vigilando especialmente si se anuncia o no por parte de los centros la expedición de títulos oficiales, así como la homologación de los cursos con alguna institución oficial. También se vigilará que los contratos de enseñanza y de la financiación del coste de los cursos cumplan las disposiciones que protegen los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

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