La crisis que se inició en el 2008 puso de manifiesto la falta de cultura financiera en muchos ámbitos, desde las finanzas personales hasta la gestión empresarial. De hecho, un estudio de Gallup del 2014 ponía de manifiesto que en España solo el 49 % de la población adulta tiene conocimientos financieros, por debajo de la media europea en términos de educación financiera. En el informe PISA del 2015 sobre competencias financieras, la población joven de nuestro país vuelve a suspender, situándose por debajo de la media de la OCDE y por detrás de países como Italia, Polonia y Rusia.

El desconocimiento o falta de información tiene consecuencias importantes en la toma de decisiones y estas tienen mayor impacto cuando hablamos de productos bancarios. Cuando no tenemos la capacidad para tomar decisiones, principalmente por falta de conocimientos, las personas delegamos nuestras decisiones o nos dejamos influenciar en menor o mayor grado por terceros de nuestro entorno. En el ámbito financiero, a menudo se confía en la entidad financiera y nos dejamos aconsejar por su oferta de productos y servicios. No obstante, es importante tener presente que las instituciones financieras son empresas que siguen el principio económico de maximizar sus beneficios.

Ya de por sí, los productos financieros más sencillos son complicados de comparar si no se dispone de unos mínimos conocimientos financieros. En la actualidad, los productos hipotecarios van acompañados de una serie de productos adicionales, tales como fondos de inversión, planes de pensiones, seguros e incluso, alarmas para el hogar. La finalidad de contratarlos no es más que rebajar el tipo de interés. No obstante, para saber cuáles y por cuánto tiempo compensa la contratación de productos adicionales hay que hacer una serie de cálculos financieros bastante detallados previamente que requieren de unos conocimientos previos.

A raíz de la última crisis financiera, la ley se ha desarrollado en aras de proteger al consumidor financiero, de ahí la creación de la MIFID (Directiva sobre mercados de instrumentos financieros). Uno de los principales objetivos de la MIFID es prevenir y evitar incumplimientos normativos y conflictos de intereses. También ha incidido en la oferta de productos, de forma que las entidades financieras solamente pueden ofrecer productos de inversión adecuados a sus clientes según su perfil de riesgo y características, que se determinan a través de un cuestionario individual ('test de idoneidad'). No obstante, continuamos ante el mismo problema: la falta de conocimiento financiero.

Falta de independencia

A pesar de los esfuerzos hechos desde Europa para proteger al consumidor final, estos no han sido suficientes en materia de gastos ni en productos de crédito, puesto que se ha focalizado principalmente en productos de inversión. Por definición, todo acto del que se derive una comisión o un gasto tendría que ser liquidado por su usuario final, porque es el sujeto que lo usa. Así, pues, los gastos asociados a la formalización de la hipoteca (importe de la tasación, constitución ante notario, inscripción en el registro y pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, AJD) deberían ser pagados por su usuario, ya sea la banca o el consumidor. Que el consumidor asuma por sí solo el 100 % de estos importes es claramente una cláusula abusiva cuando parte de estos servicios son ejercidos por la banca.

Ya hace años que diferentes organizaciones de protección a los consumidores declaran el abuso de determinadas cláusulas asociadas en determinados productos financieros. De nuevo, al igual que en las cláusulas suelo, será necesario que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determine quién se hace cargo de cada gasto. El cambio de decisión por parte del Tribunal Supremo y la modificación del real decreto por parte del Gobierno central ha puesto de relieve una falta de independencia entre legisladores y banca y una desprotección del consumidor.

Es, pues, totalmente necesaria la creación de un organismo independiente que proteja los derechos de los usuarios de productos financieros, principalmente cuando se ha evidenciado una falta de educación financiera. Esta es la única forma de garantizar que alguna institución vela de manera homogénea por el bienestar financiero de todos los grupos sociales.

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