PP y Vox denuncian que la norma es un 'ataque a la propiedad privada' y promueve 'la ocupación ilegal de viviendas'

La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que será remitido al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria.

El texto --que ha contado con 20 votos a favor, 15 abstenciones y ninguno en contra--, procede del Real Decreto-ley 1/2021 de 19 de enero, y tiene por objeto reforzar la protección a colectivos vulnerables en las relaciones de consumo, como menores, personas de avanzada edad, con bajo nivel de digitalización, con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial y, en general, a aquellas personas que tienen dificultades por falta de accesibilidad a la información.

En el debate, la diputada del PP, Carmen Riolobos, ha calificado de 'ridícula' la actividad del ministro de Consumo, Alberto Garzón, y su departamento por lo que ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la supresión de este ministerio que 'ha desamparado permanentemente a los consumidores'. 'El señor ministro parece que está ajeno a la realidad de este país', ha afirmado.

Por su parte, la también diputada del PP, Ana María Zurita Expósito, ha lamentado la 'falta de consenso' existente en esta ley, con especial hincapié en los aspectos relacionados con la vivienda al representar, en su opinión, 'un ataque directo a la propiedad privada' ya que se permite la expropiación del uso temporal de una vivienda ante un procedimiento de impago sin compensación y se legaliza la ocupación de las viviendas. 'Si las ayudas del Gobierno al alquiler estuvieran funcionando, nadie se vería abocado a un desahucio', ha aseverado.

Mientras, el diputado de Vox Andrés Alberto Rodríguez Almeida ha lamentado que se haya impuesto la 'mayoría socialcomunista' en el debate de este proyecto de ley con 'sesgo ideológico' y ha denunciado que promocione 'la ocupación ilegal de viviendas' al impedir 'la expulsión de los cuatreros que se apropian del ahorro de los españoles, fruto de décadas de trabajo y esfuerzo'.

Por el contrario, la diputada del PSOE, Marisol Sánchez, ha asegurado que la ley ve la luz 'conforme a la democracia', mostrándose contraria a las críticas vertidas por la oposición. 'En ningún momento se ataca a la propiedad privada', ha zanjado.

En la misma línea, la diputada de Unidas Podemos Laura López sí ha defendido 'el consenso' que ha predominado en la elaboración de la norma que, a su juicio, sí ofrece protección a los consumidores vulnerables, además de defender la importancia del Ministerio de Consumo.

El pasado 26 de octubre, el Consejo de Ministros también aprobó la ampliación, hasta el 28 de febrero de 2022, de las medidas impulsadas en los últimos reales decretos-leyes sobre contratos de alquiler de vivienda y desahucios, el denominado 'escudo social'.

Entre otras, se contemplan medidas de protección para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.

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