El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado este martes su apoyo mayoritario a tramitar la Proposición de Ley de impulso de la transparencia en la contratación predispuesta. Se trata de una iniciativa impulsada por asociaciones de consumidores como Adicae que ha sido apadrinada por el PSOE. Su fin es convertir en norma la protección al consumidor que vienen imponiendo los tribunales.

En concreto, el objetivo es desarrollar en España la regulación europea en la materia que ya han impuesto el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mediante diversas sentencias, fundamentalmente las relacionadas con la opacidad en la comercialización de cláusulas suelo hipotecarias.

Sin embargo, el alcance de la medida va más allá y la idea es que afecte a todos los contratos firmados por particulares tanto con bancos como con operadoras de telefonía o suministradores de agua, luz y gas, por ejemplo.

La norma busca imponer el control de transparencia material de estos acuerdos de forma que no solo se vigile el equilibrio de derechos y obligaciones entre las partes, sino que también se regule la comprensión de las consecuencias del contrato por parte del consumidor.

El proyecto de ley pone especial énfasis en todas las cláusulas que no hayan sido negociadas individualmente –a priori todas, salvo que el comercializador demuestre la negociación- y establece el control de oficio de jueces y tribunales sobre condiciones abusivas, que serán de nula aplicación.

El texto identifica como cláusulas abusivas las que vinculen el contrato a la voluntad del empresario; limiten los derechos del consumidor; determinen falta de reciprocidad en el contrato; impongan garantías excesivas al usuario; contemplen una ejecución desproporcionada o contravengan las reglas de competencia.

El grueso de los grupos manifestó ayer su apoyo a la tramitación de la medida, aunque Ciudadanos o PNV avanzaron su intención de modificar el texto del PSOE mediante enmiendas. Solo el PP de entre los grandes partidos se mostró radicalmente en contra alegando que incluye “importantes defectos de imposible corrección” y que el Gobierno ya ha impulsado medidas similares mediante diferentes regulaciones en los últimos años.

La propuesta de tramitar la proposición de ley ha gozado finalmente del apoyo mayoritario del Pleno de la Cámara con 208 votos a favor, 133 en contra y una abstención, lo que abre el camino para desarrollar la norma. 

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