Ya ha sido ad­mida a trá­mite la pri­mera de­manda ju­di­cial de ca­rácter co­lec­tivo contra uno de los pro­ductos que más ríos de tinta ha le­van­tado en el ám­bito del con­sumo fi­nan­ciero: las tar­jetas de pago apla­zado, de­no­mi­nadas 'revolving'. El juz­gado mer­cantil nú­mero 4 de Valencia ha sido el ór­gano que ha dado el paso de dar cauce al pro­ceso contra al­gunos 'plásticos' de Visa Classic, emi­tidas por va­rias en­ti­da­des, a las que se su­marán en fe­chas pró­ximas otras tar­jetas de Carrefour, Wizink y Bankinter Consumer.

La demanda ha sido interpuesta por asociaciones de consumidores. El objetivo es la nulidad del sistema de amortización de estas tarjetas, cuya aritmética deja a los usuarios inmersos en un ciclo de endeudamiento infinito. Muchas entidades, a raíz de un fallo del Tribunal Supremo, han corregido de inmediato el tipo de interés aplicado en algunos casos.

Espiral de deuda

Una tarjeta revolving es un tipo de tarjeta de crédito con la que todas las compras o movimientos de efectivo quedan aplazadas automáticamente. De este modo, el usuario dispone de una línea de financiación que le permite pagar sus compras en cómodos plazos.

Como con cualquier tarjeta de crédito, se pueden realizar pagos aunque la cuenta asociada a ella esté a cero, ya que los cargos en la misma se cobran posteriormente. Y aquí está el truco: si la cuota elegida no cubre los intereses devenidos, la devolución del crédito puede demorarse, provocando un engordamiento de la deuda hasta que el pasivo no pueda ser satisfecho con esta forma de pago.

Es decir, que la cuota elegida para ir devolviendo el dinero no alcance para cubrir los intereses generados por la elevadísima Tasa Anual Equivalente (TAE), con lo que nace una nueva deuda que viene acompañada de nuevos intereses.

Se genera así un bucle de endeudamiento sin fin: el cliente, aunque se mantenga al corriente del pago, sigue debiendo más y más dinero a la entidad prestamista. Algunos justifican la decisión de iniciar el proceso judicial no sólo en los altos intereses -llegan a rondar el 29%- sino también la opacidad en la comercialización de este tipo de productos.

El consumidor defiende que estas tarjetas se convierten en una auténtica "trampa de deuda" para el consumidor por el mecanismo de amortización que contienen: combina el pago de cuotas mensuales muy reducidas, plazo indefinido y recapitalización de intereses.

"Esto no se explica al detalle en el momento de la contratación usando para ello, por ejemplo, un cuadro de amortización con escenarios de pagos a futuro o simulaciones que permitan comprender al consumidor cuánto le va a costar el préstamo", denuncian.

A principios del pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo se pronunció sobre estas tarjetas, que vinculan a unos dos millones de usuarios en nuestro país y mueven 14.000 millones de euros, según el Banco de España. Las conclusiones del máximo órgano jurisdiccional español fueron ambivalentes, ya que si bien calificó como usura un interés del 29%, consideró legítimos los que se quedan en un 20% o ligeramente superior.

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