Actualmente, cuando uno quiere poner una reclamación de consumo debe dirigirse a una oficina municipal, autonómica o, en determinados sectores, a organismos competentes como el Banco de España, la Agencia de Protección de Datos y la CNMV. El Ministerio de Consumo no tiene capacidad sancionadora, pero el Gobierno modificará la ley general de consumidores para dotarle de ella. Se trata de una reforma más amplia en la que se pretende que esta sea la medida estrella. El Consejo de Ministros iniciará este martes la tramitación del anteproyecto.

Fuentes del ejecutivo destacan que, una vez modificada, Consumo podrá sancionar los fraudes de grandes empresas. El objetivo de fondo es disuadir a los infractores.

En casos como el 'dieselgate' —la manipulación de emisiones contaminantes que llevó a cabo Volkswagen en sus vehículos— el Gobierno podría haber actuado antes de haber tenido esta capacidad, señalan estas mismas fuentes.

Cabe recordar que la Comisión Europea abrió expediente a nuestro país (y a Alemania, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Reino Unido y República Checa) por no sancionar al grupo automovilístico y que el Gobierno español alegó que un expediente informativo a Seat era lo máximo que podía hacer con la legislación de entonces. En 2018, la fiscalía de Braunschweig impuso una multa de mil millones de euros a Volkswagen.

Otro ejemplo en el que la actuación del Gobierno podría haber estado del lado del consumidor es el de las cláusulas suelo. Como Facua lleva años denunciando, la banca ha rechazado en los últimos años "casi medio millón de reclamaciones extrajudiciales con la tranquilidad de que las autoridades de consumo de las comunidades autónomas siguen sin multarles".

Con el mecanismo extrajudicial "las entidades deciden a quién devuelven o no el dinero, sin que intervenga un árbitro de la administración que dice resoluciones de carácter vinculante". Así, los afectados deben acudir a la Justicia, que les da la razón en la mayoría de los casos, pero son tantos que colapsan el sistema. Algo similar sucede con las reclamaciones de tarjetas 'revolving' o las de las hipotecas multidivisas.

Con la nueva normativa impulsada por el ministro Alberto Garzón, Consumo tendrá más competencias. Las mismas fuentes señalan que el departamento podrá actuar también contra infracciones que se den en varios países de la Unión Europea o en las que el infractor no esté localizado en España (por ejemplo, las relativas al comercio electrónico).

Consulta la noticia original AQUI