El Gobierno extiende la moratoria a los créditos al consumo y prohíbe el corte de suministros a los hogares

La suspensión de las cuotas e intereses de los créditos será de tres meses, mientras que el veto a los cortes de luz, gas y agua se extienden a todos los hogares.

El Gobierno ha aprobado ampliar a tres meses la moratoria en el pago de las letras hipotecarias y extenderlo a todos aquellos créditos vinculados al consumo para aquellos hogares que hayan sido impactados por la crisis del coronavirus.

Así figura en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19 analizado hoy por el Consejo de Ministros.

El plazo de la suspensión se suma al del pago de las hipotecas y será de tres meses , limitado a aquellas familias que hayan visto reducir sus ingresos de manera drástica en las últimas semanas por la aplicación de un ERTE o el cese de actividad de una empresa. El banco no podrá cobrar en este periodo ni la cuota ni los intereses de los créditos.

Por otro lado, el real decreto establece que mientras está en vigor el estado de alarma no podrá suspender el suministro de energía eléctrica, gas y agua a ningún hogar considerado "vivienda habitual" salvo por motivos ligados a la seguridad de suministro.

"Asimismo, el periodo durante el que esté en vigor el estado de alarma no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente o en los contratos de suministro en su caso", remarca la literalidad de la norma.

En el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros hoy, también se amplía, para proteger a los afectados por la crisis del Covid-19, el bono social para que las personas que queden en situación de vulnerabilidad, como trabajadores afectados por despidos o autónomos que hayan tenido que cesar en su actividad, puedan acogerse a él.

Asimismo, se aplicará una moratoria en el pago de suministros para autónomos y pymes, que podrán, además, adaptar sus contratos a sus nuevas realidades de consumo sin penalización por parte de sus compañías suministradoras.