El Gobierno planea congelar las subidas de la luz para los consumidores acogidos al bono social ante la escalada incesante del mercado mayorista de electricidad. Esa cobertura adicional correrá a cargo 'de las empresas comercializadoras de energía y en su caso, del Estado', según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. 

Se trata de la principal medida dirigida a la protección de los vulnerables que se va a incluir en un próximo paquete adicional de medidas cuya aprobación avanzó Ribera este jueves. Con ese paquete se va a matizar el recorte a las compañías eléctricas aprobado en septiembre, que el Gobierno va a 'aclarar', tal y como prometió el miércoles en el Congreso el presidente, Pedro Sánchez, ante las advertencias del PNV, socio preferente del Gobierno.

Ese recorte que el Ejecutivo va a matizar está incluido en un Real Decreto-Ley que va a convalidar este jueves el Congreso. La vicepresidenta tercera se ha mostrado abierta a no aplicarlo en el caso de los contratos que suministren electricidad a la industria a 'precios razonables'.

Además de esas medidas para contener el coste energético de la industria ante la amenaza de parones de fábricas por la incesante subida de precios, la otra pata de ese nuevo paquete normativo será reforzar la protección de los vulnerables que tienen concedido el bono social congelando sus tarifas. 

Para acceder a esos descuentos, de un mínimo del 25%, estos consumidores deben contratar el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), la tarifa regulada en la que el coste de la energía está directamente indexado al del pool, que lleva meses disparado por la subida exponencial del gas.

Este viernes el precio medio diario de la subasta de la luz va a superar los 231 euros por megavatio hora (MWh), el segundo más alto de la historia. Y estos clientes, pese a la drástica rebaja de los cargos (la parte regulada del recibo que fija el ministerio) y los recortes de impuestos que ya ha aprobado el Gobierno, siguen expuestos a las subidas del mercado mayorista por la energía que consumen.

'Probablemente lo que hagamos sea tomar medidas para asegurar una cobertura mayor de ese coste de la energía por parte de las empresas comercializadoras de energía y en su caso del Estado', explicó este jueves la vicepresidenta Ribera en los pasillos del Congreso. 

Actualmente, el bono social lo financian todas las comercializadoras eléctricas. Este jueves el Tribunal de Justicia de la UE sentenciaba que el sistema que estuvo vigente entre 2014 y 2016, que cargaba su coste exclusivamente sobre las grandes del sector, es discriminatorio.

Según Transición Ecológica, 'se trata de un fallo que resuelve una cuestión prejudicial con respecto al marco que regulaba el bono social entre 2014 y 2016. Un marco regulatorio que fue derogado y sustituido por el que hoy está vigente. Por tanto, no afecta al sistema en vigor de protección de los más vulnerables. El TJUE no cuestiona la existencia de un sistema de protección con contribución por parte de las empresas'.

El objetivo de este refuerzo del bono social, según la ministra, es que las familias que lo tengan 'no paguen más' y que la escalada del pool 'no les repercuta', de forma que los precios 'se queden fijos' y 'no tengan un incremento'. Transición Ecológica confía en que esta 'especie de congelación del precio' o 'garantía de precio total', en expresión de Ribera, esté vigente antes del invierno. 'Este mes de octubre es clave', explicó la vicepresidenta.

Esa congelación del bono social se sumaría a la figura del suministro mínimo vital para los consumidores vulnerables que recoge el decreto ley convalidado este jueves, que también establece un tope a las subidas de los consumidores acogidos a la tarifa de último recurso (TUR) del gas natural.

Los vulnerables acogidos al bono social eléctrico tienen concedido a su vez el bono social térmico para calefacción, agua caliente o cocina, que financia el Estado y cuya dotación va a dispararse el próximo año un 44%, según el proyecto de Presupuestos para 2022. El proyecto de ley para descontar a las centrales hidroeléctricas y nucleares los ingresos extra que reciben por la subida del CO2 también prevé destinar a los consumidores vulnerables más desfavorecidos (aquellos considerados en riesgos de exclusión social) un 10% de lo recaudado.

Concesión automática

Se desconoce si sobre la mesa está, entre esas medidas para reforzar el bono social a corto plazo, que los descuentos del bono social eléctrico se concedan de forma automática.

Esta última es una de las reivindicaciones que han pedido las asociaciones de consumidores en la ronda de reuniones que inició Ribera de cara a la convalidación del decreto, y tras abrir una consulta pública para reducir la volatilidad del PVPC mediante alguna referencia a futuro, una propuesta que algunas asociaciones de consumidores rechazan porque creen que supondrá una mayor prima de riesgo a cargo de los usuarios.

Estos descuentos automáticos se aplican en países como Portugal o Francia y estaban recogidos en la Estrategia contra la Pobreza Energética 2019-2024 que aprobó el Gobierno en abril de 2019. A cierre de agosto, y según Transición Ecológica, había 1,19 millones de consumidores domésticos acogidos al bono. Según los consumidores, el 70% de los posibles beneficiarios se queda fuera.