El 15 de marzo, se celebra el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, una efeméride instaurada por la ONU en 1983 para recordar una serie de derechos que asisten a todas las personas en tanto que consumidores y usuarios. Se la debemos, al parecer, al presidente estadounidense John F. Kennedy, que el 15 de marzo de 1962 habló de los consumidores en un discurso ante el Congreso de su país. “Consumidores, por definición, somos todos. Son el grupo mayoritario de la economía, que influyen y se ven afectados por la práctica totalidad de las decisiones económicas públicas y privadas. Pero constituyen el único grupo importante en la economía que no está organizado eficazmente y cuya opinión es a menudo ignorada”, dijo el presidente.

Las cosas han cambiado desde aquella fecha, y en la actualidad existen numerosas organizaciones de consumidores que velan día a día por los derechos de estos –que somos, en definitiva, todos–. En la actualidad existe, además, un documento de referencia creado por la ONU, Directrices para la Protección del Consumidor, que reconoce estos derechos a nivel internacional y establece las principales directrices que deben aplicar los estados a la hora de proteger a los consumidores. En España, la Constitución de 1978 establece en su artículo 51 que “los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”.

El derecho a la alimentación no solo no está garantizado a nivel global, sino que se encuentra en claro retroceso

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondientes al ejercicio de 2019, cada español gastó una media de 2567,17 euros en alimentación, para un consumo medio per cápita situado en 758,19 kilos/litros de alimentos y bebidas. En cuanto al gasto per cápita en alimentos y bebidas fuera del hogar fue de 1060,29 euros, de los que un 60,6% se destinaron a alimentos y un 39,4% a bebidas. Estas cifras confirman la importancia del sector de la alimentación en España, que ha experimentado un incremento del 12,7% en el ámbito del gran consumo en el año 2020 con motivo de la crisis de la Covid-19. Pese a que se ha avanzado mucho en materia de derechos de los consumidores en el sector de la alimentación, especialmente en materia de seguridad alimentaria, este sigue teniendo algunas asignaturas pendientes.

El derecho a la alimentación

Parece una perogrullada, pero desgraciadamente todavía es necesario recordarlo. El derecho a la alimentación se recoge en el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se ratifica en el Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos contenidos dentro de la Carta Internacional de Derechos Humanos. La FAO, por su parte, recuerda que “el derecho a una alimentación adecuada comprende los aspectos cuantitativos, cualitativos y de aceptabilidad cultural, y los Estados tienen la obligación de respetar, proteger, promover, facilitar y materializar el derecho a la alimentación”. Lamentablemente, este derecho fundamental no solo no está garantizado a nivel global, sino que se encuentra en claro retroceso. Entidades como el Banc d’Aliments, que opera en Cataluña, atiende en estos momentos a una media mensual de 262.000 personas a través de diversas entidades sociales, y recuerda que la demanda ha aumentado un 40% respecto al año anterior.

Una niña pequeña observando un plato vacío

“Es cierto que España es un país en que es difícil que se llegue a situaciones extremas, puesto que disponemos de herramientas de cooperación y colaboración que protegen a la ciudadanía, y aunque las crisis económicas puedan afectar no se suele llegar al extremo de no tener acceso a la alimentación”, explica el presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Móner. Con más de treinta años de experiencia en organizaciones en defensa de los derechos de los consumidores, Móner señala que durante su paso por el consejo directivo de la organización Consumers International, presente en más de 120 países, sí que ha visto situaciones de precariedad y dificultad de acceso a los alimentos. “En algunos países, como India, uno de los proyectos en que trabajábamos era que no llegase agua envenenada a los niños”, explica.

Los problemas con el etiquetado

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), aseguran que, si bien “el etiquetado ha mejorado mucho en los últimos años, todavía quedan asuntos pendientes, como limitar que se hagan alegaciones sobre nutrición y salud en productos que no son saludables, lo que puede favorecer su compra cuando no es recomendable que se consuman mucho”. Otra cuestión en cuanto al etiquetado es que “aunque la normativa de etiquetado vigente desde 2011 es mucho mejor que la anterior, todavía hay cosas que se escapan: lo que nosotros denominamos etiquetas trampa. Por ejemplo, que aparezca una foto de una fruta en el frontal y haya que ir a la lista de ingredientes a encontrar en pequeño que solo tiene un 1% o menos, cuando por la foto parecería que la fruta es un ingrediente muy importante”, señalan fuentes de la OCU a Comer. Este organismo insiste, además, en la necesidad de “evaluar las alegaciones sobre salud y nutrición en botánicos, es decir plantas y sus derivados, que todavía están pendientes de evaluación desde hace bastantes años”.

Los consumidores que consultan el etiquetado de los productos han bajado del 70% al 50%, una cifra muy significativa que evidencia que los consumidores se informan cada día más a través de Internet

En este sentido, según la Encuesta de Hábitos de Consumo 2020, realizada por la Mesa de Participación Asociaciones de Consumidores (MPAC), que reúne a entidades como CECU y otras asociaciones de consumidores junto con Mercadona, los hábitos de aproximación al etiquetado de los productos han cambiado significativamente en los últimos años, cosa que no debería pasar desapercibida para las administraciones. Lo explica Móner: “los consumidores que consultan el etiquetado de los productos han bajado del 70% al 50%, una cifra muy significativa que evidencia que los consumidores se informan cada día más a través de Internet, especialmente los más jóvenes, que es el mundo de la información, sí, pero también el de la desinformación”.

Por este motivo, el presidente de CECU insta a las administraciones a realizar acciones formativas en niños y adolescentes sobre temas que van desde consumo a hábitos saludables, valores nutricionales de los alimentos, etiquetado, sostenibilidad o economía circular, gestión del agua y otros muchos aspectos relacionados con la alimentación y el consumo. “Es fundamental que se integren estas cuestiones en la trama educativa, y que no sean actividades esporádicas que no formen parte de la formación reglada”, señala el presidente de CECU, quien lamenta que en su época “lo máximo que se hacía en las escuelas era visitar una fábrica de refrescos, cosa que debe cambiar”.

Una mujer leyendo la etiqueta de un producto del supermercado

La OCU, por su parte, señala que “es necesario informar a los consumidores, de una forma fácil, visual y que se entienda rápidamente de un sólo vistazo, tanto de la calidad nutricional de los productos, con etiquetados frontales tipo NutriScore, como también de aspectos sobre la sostenibilidad de la producción de esos alimentos, que es uno de los retos a los que se enfrenta, en un futuro cercano, la legislación europea en materia de etiquetado de alimentos, ya que está recogido en la estrategia 'Farm to fork' de la Unión Europea”. Por tanto, aunque siempre es deseable formar a los consumidores para que se aclaren en un entramado de nomenclaturas y etiquetas indescifrables, debería ser la industria, en colaboración con las administraciones, la que trabajase para clarificar un etiquetado que todavía resulta opaco para millones de consumidores.

A vueltas con los ingredientes

El caso de esas bebidas o postres lácteos con una gran fruta dibujada en el pack cuyo porcentaje de fruta es mínimo no es el único que encontramos en los lineales de los supermercados. Este constituye uno de los temas que, según la OCU, “más enfados y reclamaciones producen entre los consumidores, que se encuentran con alimentos que presumen de llevar zumo y llevan muy poco, o croquetas de jamón ibérico que tienen un 10% de jamón serrano y solo un 0.5% de ibérico”, señalan desde la organización. Otro de los principales motivos de queja por parte de los consumidores son “algunas denominaciones como carnes marinadas, o productos cárnicos que esconden al final una adición de agua al producto, lo que hace que nos encontremos con pechugas de pavo marinadas donde la pechuga de pavo solo supone el 70 u 80% del peso del producto”, cosas que “son legales, pero enfadan a los consumidores”.

Envases que mienten

Desde la OCU son especialmente beligerantes con la publicidad engañosa. De hecho, la organización hizo un completo estudio sobre las diferencias entre el etiquetado y fotografías de determinados productos con lo que luego el consumidor encontraba dentro de los envases. “En materia de etiquetado y publicidad de los productos se intenta engañar al consumidor por medio de imágenes o alusiones, a veces incluso legalmente”. Esto se traduce en algunos casos tan habituales como los cereales que se venden como ricos en frutos secos cuando apenas si contienen un porcentaje insignificante de este alimento, o algunos precocinados que tienen un aspecto excelente en el envase que dista mucho de la realidad, por poner solo algunos ejemplos de lo que la organización de consumidores denomina #EtiquetasTrampa.

Los fraudes, la asignatura pendiente

Para la OCU, “otro tipo de prácticas desleales son los fraudes, uno de los retos que tiene la Unión Europea y el mundo en general por delante y que ahora con una economía global son aún más difíciles de detectar tanto metodológica como legislativamente”. La organización destaca, sin embargo, que el sistema europeo, a diferencia del americano, es bastante garantista, “lo que significa que un nuevo alimento, como sería un transgénico, un aditivo, un pesticida, etc., tiene que demostrar que es seguro antes de poderse comercializar”.

Pese a todo ello, este organismo señala que “los derechos de los consumidores en materia de alimentación están bastante garantizados, ya que hay todo un sistema de legislación sobre el etiquetado, la composición y la seguridad de los alimentos. Las autorizaciones se deben dar después de una evaluación científica por parte de la autoridad de seguridad alimentaria europea (EFSA)”. Móner coincide: “Todos y cada uno de los productos que hay a disposición de los consumidores cumplen la legislación y se pueden consumir, pero se debe trabajar para informar sobre qué tipo de producto es el más adecuado en cada circunstancia, y esto corresponde a las administraciones”. El dirigente de CECU concluye: “yo no quiero que las administraciones inviertan en hospitales, lo que quiero es que no tengamos que ir, y se sabe que la buena alimentación es la mejor garantía para tener una buena salud”.

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