La asociación de consumidores Facua trasladó al Ministerio de Consumo, en una reunión por videoconferencia mantenida el pasado viernes, una serie de reivindicaciones. Entre ellas, solicitó al Gobierno que prohibiera los cortes de suministro de electricidad, gas y agua por impago en aquellos casos en los que los consumidores presenten la condición de vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social. Esa medida ha sido recogida por el Ejecutivo en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, que se publicó en la noche del martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Facua detalla qué requisitos debe cumplir un consumidor para acogerse al derecho de no corte.

La medida entra en vigor en abril y protege a consumidores vulnerables (su figura está regulada en un Real Decreto de 2017). A partir de abril, los suministradores de electricidad, gas natural y agua no podrán cortar el servicio por impago a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social. “Esta medida -explican desde la asociación- es una de las reivindicaciones que Facua trasladó al Ministerio de Consumo en una reunión por videoconferencia mantenida el pasado viernes”. Incluida en el Capítulo 1 del Real Decreto, dedicado a las medidas de apoyo a los trabajadores, familias y colectivos vulnerables, la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables está regulada en su artículo 4.

Qué consumidores estarán protegidos
Los consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, condiciones definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos. Así -informa Facua-, tendrá la consideración de consumidor vulnerable el titular de un punto de suministro de electricidad, luz o gas natural en su vivienda habitual que, siendo persona física, esté acogido a la tarifa semirregulada, denominada precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), y acredite que cumple los siguientes requisitos:

a) Que su renta o, caso de formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta anual de la unidad familiar a que pertenezca sea igual o inferior:

- a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) de 14 pagas, en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar;

- a 2 veces el índice Iprem de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar;

- a 2,5 veces el índice Iprem de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar. A estos efectos, se considera unidad familiar a la constituida conforme a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

b) Estar en posesión del título de familia numerosa.

c) Que el propio consumidor y, en el caso de formar parte de una unidad familiar, todos los miembros de la misma que tengan ingresos, sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión, y no perciban otros ingresos.

Los multiplicadores de renta respecto del índice Iprem de 14 pagas establecidos en la letra a) se incrementarán, en cada caso, en 0,5, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias especiales:

a) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

b) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar acredite la situación de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

c) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga la condición de víctima de terrorismo, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Los consumidores considerados vulnerables severos -explican desde la asociación- son aquellos que cumplen los requisitos de los vulnerables con situaciones agravadas en lo que se refiere a sus ingresos económicos. Los usuarios en riesgo de exclusión social están, obviamente, protegidos por la medida, dado que son los que cumplen los requisitos para ser considerados vulnerables severos y además están siendo atendidos por los servicios sociales de una Administración autonómica o local que financie al menos el 50% del importe de su factura de la luz.

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