No es una carta a los Reyes Magos sino una «hoja de reclamaciones», como la denomina el Grupo 51.

Son diez medidas que van desde nuevas leyes más eficaces, impulso de la mediación y el arbitraje para reducir conflictos al margen de los tribunales, creación de una Fiscalía de Sala en el Supremo de defensa de los consumidores y de tribunales especializados en esta materia, hasta la regulación de acciones colectivas en masa.

Aquí se explican con detalle:

PRIMERA:  Necesidad de un movimiento ciudadano  

Reclaman un vigoroso y pro-activo movimiento ciudadano que reivindique los derechos de las personas consumidoras y usuarias, que exija su cumplimiento y que denuncie las injusticias que se cometen.

“Es la hora del consumidor”, subrayan.

En este sentido resulta verdaderamente ejemplar la iniciativa del médico jubilado Carlos San Juan, abanderando la campaña de denuncia de los abusos y malas prácticas de la banca respecto de las personas mayores para este colectivo,

En cuanto a la situación actual señalan que las buenas leyes consumeristas no se aplican, no se fomenta el diálogo y la resolución extrajudicial y amistosa entre las partes, no se aplica la acción colectiva ni la eficacia de efectos «ultra partes» de las sentencias en acciones colectivas,

Igual pasa en acciones individuales cuando se trata de condiciones impuestas “para una pluralidad de contratos”, es decir cuando se declara la nulidad de condiciones generales.

Esto deja al consumidor en una posición más vulnerable si cabe ante posibles malas prácticas, o ante el desinterés del empresario en cumplir sus obligaciones.

SEGUNDA: Faltan leyes eficaces que defiendan a los consumidores

Este colectivo reclama de los Parlamentos la elaboración de leyes que puedan defender de modo eficaz los derechos e intereses de los consumidores.

“En modo alguno puede considerarse suficiente la elaboración de “protocolos” o “códigos de buenas prácticas”, o adhesiones voluntarias a sistemas de resolución de conflictos (ADR)”, afirma Segura

“Es la hora de la Ley”. El incumplimiento de la ley sí genera acción judicial.

TERCERA:  Luchar contra las malas prácticas 

Este grupo de expertos insta al Gobierno Central, autonómicos y municipales a que, dentro de sus respectivas competencias, utilicen la capacidad normativa que les corresponde, así como a los organismos que en sus respectivas Administraciones tienen responsabilidades en consumo, para que multipliquen los esfuerzos en este campo y activen su legitimación colectiva contra las malas prácticas del mercado ejercitando sus competencias inspectoras y sancionadoras de los abusos.

Llama la atención sobre la importancia de la actuación del Banco de España, cuyas decisiones deberían tener carácter vinculante, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de la comisión nacional del mercado de valores (CNMV) y resto de Organismos reguladores.

“Es la hora de las instituciones”.

CUARTA:  Impulsar métodos extrajudiciales de resolución de conflictos

Para el Grupo 51 hay que potenciar todos los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos (ADR), así como fomentar su capacidad resolutoria y vinculante, especialmente en los conflictos y reclamaciones frente a grandes empresas del ámbito de las energías, financiero, telecomunicaciones, transporte aéreo, alquiler de vehículos, etc.

QUINTA: Puesta en marcha de una Fiscalía de Sala de Defensa de los Consumidores

Este colectivo de expertos en consumo cree necesaria dicha Fiscalía de Sala en el Supremo, especializada, con su correspondiente estructura autonómica y provincial para que el Ministerio Fiscal pueda llevar a cabo de modo efectivo la función encomendada en el artículo 124 de la Constitución en defensa del interés social y utilizar la amplia legitimación que las leyes le otorgan en defensa de los consumidores en general y en especial, de los más vulnerables.

SEXTA: Creación de una Sección de Defensa de los Consumidores bien dotada

Estos juristas también demandan a los Gobiernos que tanto en la Abogacía del Estado como los en los distintos Servicios Jurídicos de las Comunidades Autónomas, exista una Sección de Defensa de los Consumidores, suficientemente dotada y formada.

SÉPTIMA: Tribunales especializados en defensa de los consumidores

Al mismo tiempo, piden al Gobierno que complete la organización del Poder Judicial con tribunales especializados en defensa de los consumidores. Muy especialmente la creación en la Audiencia Nacional de una “Sala de lo Civil-Mercantil” con competencia para conocer de los asuntos y reclamaciones de ámbito nacional.

OCTAVA: Regulación de las acciones colectivas en masa

El grupo 51 pide al Parlamento, asimismo, la creación de procedimientos que permitan un enjuiciamiento equitativo y eficaz de las pretensiones de consumo. En este sentido resulta inaplazable la regulación del procedimiento de acciones colectivas-masa, especialmente su fase ejecución, y la del “procedimiento testigo” con efecto “ultra partes”.

A este respecto, José María Segura considera que “es necesario regular un procedimiento de ejecución colectiva de sentencias dictadas a consecuencia de demandas interpuestas por asociaciones de consumidores o usuarios y Fiscalías de consumo ejercitando acciones en defensa de los intereses colectivos y/o difusos”.

Para este jurista “una buena forma seria contemplarla en el mismo articulo 519 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regula la ejecución individual, esto facilitaría mucho la reparación del daño colectivo causado en masa”.

NOVENA: Sanciones disuasorias para malas prácticas en consumo

Estos expertos también demandan que se promulguen medidas y sanciones verdaderamente disuasorias frente a los abusos y malas prácticas en el ámbito de consumo, especialmente la institución de “los daños punitivos” y criterios más severos en lo tocante a la imposición de “costas” y “multas coercitivas”.

DÉCIMA: Las empresas deben auditar sus prácticas frente al consumidor

Por último, ese colectivo reclama al tejido empresarial español, tanto PYMES como empresas grandes, y sus asociaciones, la revisión de sus prácticas de cara al consumidor y auditorías internas que garanticen el respecto y cumplimiento de la normativa vigente, e inclusive, dando un paso más implantando una responsabilidad social corporativa de buenas prácticas.

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