El plan de choque del Gobierno para paliar la exorbitante escalada del precio de la luz, que entra en vigor este jueves, ha sido bienvenido por las asociaciones de consumidores, pero advierten de que "no debe traducirse en la falsa creencia de que vamos a pagar precios baratos por la electricidad", dice Rubén Sánchez, portavoz de Facua-Consumidores en Acción. 

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista continúa escalando cotas altísimas, que arrojan para este jueces la cifra récord de 188,18 euros por megavatio hora (MWh), subiendo el precio 16 euros más en un día. "Pedro Sánchez ha dicho que con el plan de choque pagaremos igual que en 2018; mal año, el segundo más caro de la factura de la luz de la historia", indica Sánchez.

Las medidas aprobadas por el Ejecutivo contemplan una reducción de un 22% en la factura mensual actual de la electricidad para un consumidor medio. El Gobierno espera recuperar 2.600 millones de euros de las empresas energéticas hasta marzo de 2022 por la devolución de "los beneficios extraordinarios sobrevenidos" por los altos precios del gas en el mercado mayorista. Es decir, el Gobierno mete mano en los beneficios extra que las eléctricas están obteniendo con la subida desorbitada del precio de la luz. Lo que ha provocado la amenaza de las eléctricas respecto al cierre o limitación de producción de las centrales nucleares.

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Otras medidas importantes aprobadas este miércoles son la bajada del impuesto especial sobre la luz del 5,1% al 0,5% y la prórroga hasta final de año la suspensión de la tasa de generación, que estaba en un 7%. 

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Desde Facua recuerdan que estas medidas son temporales. "Son medidas que tienen fecha de caducidad y que se sitúan en esta coyuntura actual. El Gobierno debe acometer una reforma del sector a nivel regulatorio para que los españoles tengamos tarifas razonables de la electricidad", apunta Rubén Sánchez.

En cambio, para Francisco Espinosa, socio director de la Asociación de Consumidores de Electricidad (ACE), el Ejecutivo no podrá ya hacer nada más para intentar rebajar la factura de la luz: "El Gobierno ya ha agotado sus posibilidades. No puede intervenir todo un mercado. O nos salimos de ese mercado, como los ingleses, pero no hay muchas más opciones".

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Alejandro Tena

Rubén Sánchez alaba las medidas del Gobierno, "de gran calado", y cree que son fruto de "las reivindicaciones planteadas desde la sociedad civil, la presión del socio del Gobierno, y el clamor popular por lo que está sucediendo". Poco más  parece que la sociedad puede hacer, salvo protestar y exigir reformas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también recomienda revisar bien la factura de la luz. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha detectado que algunas comercializadoras eléctricas han cobrado hasta un 30% más a sus clientes desde el pasado 1 de junio cuando entró en vigor la nueva factura de la luz. La nueva regulación que impone la Unión Europea se basa en tres tramos horarios, cada uno con una tarifa.

Tanto Facua como la OCU exigen a la CNMC más transparencia y que dé a conocer la identidad de esas empresas que fraudulentamente han inflado la factura de los consumidores. La OCU advirtió ya en junio pasado de subidas precios de hasta el 27% aprovechando el cambio de tarifas a los consumidores. 

Desde la Asociación de Consumidores de Electricidad (ACE), que engloba a unas 2.000 pequeñas y medianas empresas, calculan que el precio final de la electricidad el año próximo se encarecerá entre un 60 y un 70%. "Nos preocupan muchísimo las complicaciones que llegan en 2020. Estamos desconcertados. Todo esto va a afectar a la actividad empresarial, por no hablar del impacto en la inflación", dice Francisco Espinosa, de ACE. Este experto aboga por un aumento del autoconsumo energético y de las comunidades energéticas. "No nos confundamos y pongamos sólo el foco en las grandes eléctricas: los productores de energía eléctrica están tesando la cuerda". En la actualidad hay 69.500 productores de energía eléctrica registrados.

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Rubén Sánchez, de Facua, recuerda que está pendiente la extensión del bono social de la luz. "Es necesario que haya una masa de colectivos vulnerables que estén protegidos. Es imprescindible".