Las mejoras en la protección de los consumidores
73 medidas en materia de energía, salud, alimentación, vivienda, mercado digital, movilidad, seguridad, servicios financieros o consumo sostenible

Endurecer las sanciones por infracciones y fraudes de consumo, impulsar el bono social, reducir las listas de espera, mejorar el etiquetado de los alimentos… A través de 73 medidas en materia de energía, salud, alimentación, vivienda, mercado digital, movilidad, seguridad, servicios financieros o consumo sostenible, solicitamos a los partidos políticos mayor eficacia en los mecanismos de protección de los consumidores.

Ante el inicio de un importante ciclo electoral que afectará a todas las administraciones, desde OCU hemos enviado a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones un documento que recoge diferentes medidas y cuyo objetivo es mejorar la defensa de los derechos de los consumidores.

Creemos que es necesario dotar de más eficacia a los mecanismos de protección de los consumidores, para conseguir que sus derechos básicos se apliquen de forma efectiva. Entre las medias propuestas destacan la necesidad de incluir la definición de consumidor vulnerable en la Ley de Defensa de los Consumidores, primer paso para aumentar la protección de quienes más lo necesitan.

De la misma forma y en línea con las propuestas de revisión de la normativa europea, pensamos que es necesaria una reforma y endurecimiento de las sanciones en materia de consumo, que impidan que a las empresas les salga más barato pagar una multa que cumplir con la normativa. En este sentido pedimos mejoras en las acciones colectivas en los casos de fraudes masivos, como los vividos en el caso Volkswagen, Facebook o iDental.

73 medidas para mejorar la calidad de vida de los consumidores

El documento que hemos enviado a los partidos políticos recoge 73 propuestas que abarcan diferentes ámbitos como la energía, la salud, la alimentación, la vivienda, el mercado digital, la movilidad, la seguridad, los servicios financieros y el consumo sostenible, que inciden notablemente en la calidad de vida de los ciudadanos. Entre las diferentes medidas destacan: 

• Impulso del bono social: se debe facilitar su tramitación simplificando el proceso con fórmulas de aplicación automática como ya se hace en otros países para que todas las familias que lo necesitan puedan acceder a él de manera rápida, incluyendo medidas que faciliten la competencia.
• Reducción de las listas de espera: para aportar una mayor transparencia en la gestión de las listas de espera hay que desarrollar un nuevo sistema de información en el que se incluya la totalidad del proceso de atención médica. Además, se debe generalizar de la garantía de los tiempos máximos de espera.
• Mejora del etiquetado de los alimentos: para favorecer los alimentos más saludables incluyendo el origen en los alimentos procesados.
• Regulación de las Plataformas online y la nueva economía: que establezca requisitos de transparencia en las webs de búsqueda y determine de forma clara las responsabilidades de las plataformas.
• Incentivos fiscales al alquiler. Para aumentar la oferta del alquiler, hay que sacar al mercado las viviendas que en la actualidad se encuentran vacías. La solución no es elevar los impuestos sobre ellas, sino estimular a través de deducciones fiscales el alquiler de viviendas a los particulares, incluyendo ayudas a la rehabilitación de viviendas que sean puestas en el mercado de alquiler.
• Apoyar el uso de vehículos menos contaminantes: mediante una fiscalidad en la que se paguen los distintos impuestos de matriculación y circulación en función de lo que realmente contaminan los coches (sin que esto suponga una subida global de los impuestos que se pagan).
• Mejorar la seguridad de los productos: limitando la exposición a productos químicos peligrosos, reformando el marcado CE y obligando a los fabricantes a garantizar la seguridad de los productos.
• Creación de una agencia de protección en el ámbito financiero: que garantice la seguridad y restablezca la confianza en el sector financiero, modifique el sistema de reclamaciones dotándolas de carácter vinculante y promueva una normativa sobre crédito responsable que ponga fin a los abusos en la concesión de créditos.
• Desarrollar estrategias para incentivar al ciudadano sostenible. Incentivando fiscalmente las opciones más éticas y ecológicas, promoviendo la reducción del consumo de plásticos, de productos envasados y sobre todo mejorando la información sobre el impacto de los distintos bienes y servicios.
• Medidas para combatir la obsolescencia prematura: mejorando la durabilidad de los productos, la reparabilidad, la información sobre la vida útil y aumentando las garantías de los productos.