Legislación alimentaria 2022, cómo afecta a la industria y al consumidor

La aproximación a la legislación alimentaria que surgirá en 2022 y cómo nos afectará, puede realizarse de distintas formas, la más práctica es considerando dos aspectos, por un lado, a que grupo impacta y por otro la temática sobre la que se va a legislar. Partimos de tres grupos de interés, los consumidores, la distribución y la producción.

Por otra parte, debemos tener presente cuatro campos temáticos en los que se prevé una evolución de la legislación alimentaria: información y etiquetado, envases y residuos de envases, desperdicio de alimentos y plaguicidas, contaminantes y aditivos

De esta forma podemos formar una matriz para estudiar cómo les afectará la legislación alimentaria a los distintos grupos de interés.

Consumidores

En el caso de los consumidores, vemos que la mayor parte de las medidas que se proponen con la intención de dar cobertura a las inquietudes sociales que inciden en la información y el etiquetado de los alimentos. En esta dirección apuntan dos iniciativas:

El Real Decreto de regulación y control de la publicidad de alimentos y bebidas con alto contenido en grasa, azúcares y sal. El legislador quiere mejorar la salud de la población infantil, la iniciativa propuesta se dirige este grupo de población, de forma que se reduzca su exposición a este tipo de publicidad. La medida es positiva, aunque debe ir acompañada de otras iniciativas que refuercen los criterios sobre cómo debemos alimentarnos. Si lo fiamos todo a transmitir o no determinada información la problemática persistirá.

El legislador quiere mejorar la salud de la población infantil. La medida es positiva, aunque debe ir acompañada de otras iniciativas que refuercen los criterios sobre cómo debemos alimentarnos.

El Real Decreto por el que se regula la utilización voluntaria del sistema de etiquetado nutricional frontal en los alimentos. Considero que en el caso concreto de esta iniciativa el Ministerio de Consumo debe esperar a la propuesta que prevé desarrollar la Comisión Europea para canalizar adecuadamente la cuestión. En caso contrario, se puede generar una confusión, tanto por parte de los consumidores como de los operadores alimentarios, en especial la distribución alimentaria.

El previsible incremento de la información destinada a los consumidores es algo positivo, no obstante, es necesario valorar esta tendencia para no caer en la 'infoxicación' al tratar de abordar distintas demandas sociales a través del etiquetado de los alimentos o de la incorporación de nuevas informaciones, es algo que hemos observado en los últimos años y que no siempre surte el efecto deseado.

El etiquetado y la información pueden ser una buena herramienta para ayudar a lograr el fin último que se pretende, pero han de estar acompañados por una batería de medidas que las doten de consistencia. Si queremos que la sociedad en su conjunto, y la población en particular, tenga una dieta más saludable, habrá que desarrollar una estrategia global, que entre otros elementos contenga las mejoras en cuanto a la información y el etiquetado.

Distribución

La distribución tendrá que estar especialmente atenta a la implementación de las medidas que se deriven del nuevo marco regulatorio para los envases y residuos de envases, en particular los aspectos que afectan a los productos que se envasen bajo su marca.

La prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, es otro de los ejes temáticos de la legislación alimentaria en el que la distribución tiene un papel importante al estar en un punto intermedio entre los consumidores y los productores para lograr que se alcance un mejor aprovechamiento de los recursos agroalimentarios. En esta dirección apunta el proyecto de esta ley, propuesta de gran alcance, dado que las futuras medidas impactarán en todo el sector agroalimentario, hay que tener en cuenta que no sólo se trata de los desperdicios de alimentos, sino que también se contemplarán los productos agrícolas.

La producción

La producción de alimentos está afectada por todos los cambios que surjan en la regulación en cuanto al control y aplicación de los plaguicidas, contaminantes y aditivos. En relación con estos últimos ya se han concretado los primeros cambios a través de la publicación de la legislación que prohíbe el uso del dióxido de titanio. Se trata de un ejemplo de los cambios que pueden darse en los ámbitos citados.

Es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria que los productores y fabricantes extremen la atención para que todos los productos respeten los límites máximos de residuos (LMR's) de plaguicidas, contenidos máximos de contaminantes y dosis de aditivos permitidos, y por tanto han de focalizar su atención en la evolución del Reglamento 396/2005 (LMR's), el Reglamento 1881/2006 (contaminantes) y el Reglamento 1333/2008 (aditivos). Otro cambio previsible a lo largo de 2022 lo podremos ver en los contenidos máximos de contaminantes a través de la revisión los contenidos máximos de mercurio en pescado y sal.

Control y autocontrol son primordiales en relación con las sustancias mencionadas. Por una parte, en el ámbito del control oficial de la cadena alimentaria se ha previsto el desarrollo del Real Decreto relativo a los controles oficiales en el ámbito de la cadena alimentaria de forma que se puedan establecer los criterios para la realización de controles oficiales en el marco del Reglamento (UE) 2017/625 (Reglamento sobre controles oficiales), procediendo a la actualización del marco legal vigente. Por otra, para el caso del autocontrol que han de procurar los operadores alimentarios en sus instalaciones mediante su APPCC, tal y como se contempla en el proyecto de Real Decreto, se regulan determinados requisitos en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios en establecimientos de comercio al por menor.

Confiamos en que las diversas iniciativas legales permitan que los consumidores tengan la máxima confianza y seguridad en el sistema alimentario y, a su vez, los operadores alimentarios cuenten con la mayor seguridad jurídica en un marco regulatorio que resulte de fácil aplicación y con criterios armonizados por parte de las distintas autoridades competentes.

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