Los consumidores con derecho al bono social térmico son los mismos con derecho al bono social eléctrico, pero a la vista de que los procesos de alta están siendo más lentos de lo esperado, el Gobierno tendrá en cuenta al "potencial beneficiario".
El Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado a información pública el borrador de una Orden ministerial que regula el procedimiento de gestión de la información relacionada con el bono social térmico.
Dicha orden indica que las compañías eléctricas tendrán que remitir al Gobierno la información relativa a sus abonados con derecho al bono social eléctrico antes del 15 de enero de cada año: nombre, DNI, domicilio, etc., indicando si es consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social.
En el caso del bono para el año que viene, 2019, las eléctricas tendrán que remitir un listado, antes del 31 de diciembre, en el que se indicará "potencial beneficiario" para los casos que estén tramitándose y pendientes de resolución. Antes del 31 de enero de 2019 las empresas tendrán que remitir un segundo listado en el que se especifique si finalmente son beneficiarios o no.
En la actualidad hay alrededor de 1 millón de beneficiarios del bono social eléctrico dentro del nuevo sistema o en tramitación, sobre una masa de 1,5 millones de potenciales beneficiarios.
El importe del bono social térmico está condicionado por la zona climática donde habite el consumidor vulnerable (de 25 euros en Canarias a 80,3 euros en áreas montañosas del norte peninsular) y por su grado de vulnerabilidad: los severos o en riesgo de exclusión percibirán un 60% más de la ayuda asignada por su zona climática. En cualquier caso, hay un mínimo de 25 euros por consumidor.
Según los cálculos del Ministerio, en el caso de que los Presupuestos del Estado consignen un volumen de ayuda a repartir de 100 millones de euros (considerado el caso base) y 706.000 beneficiarios, la ayuda máxima para los vulnerables severos sería de 322 euros. Si el número de beneficiarios subiese a 1,5 millones, la ayuda máxima sería de 128 euros.
Los consumidores tendrán 10 días para renunciar al bono social térmico si lo estiman oportuno.
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