Golpe al fraude en el comercio y en el sector de la restauración. El Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley sobre servicios de pago que obligará a los comerciantes y empresarios de restaurante y bares a tener a disposición de sus clientes datáfonos o sistemas alternativos al pago en efectivo para abonar cualquier transacción superior a los 30 euros. La medida legislativa puede suponer, a medio y largo plazo, una significativa reducción del fraude fiscal, según los expertos.

“La medida es positiva y creemos que esta regulación servirá para aflorar facturación en B de empresarios que prestan este tipo de servicios a través de personas jurídicas [es decir, sociedades] por el sistema de estimación directa”, aseguró ayer José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Aunque hay muchísimos empresarios y autónomos en España en comercios, bares y restaurantes con una gran conciencia fiscal, también es cierto que el sector se presta a distraer al fisco parte de la facturación. Hacienda lo sabe y, de hecho, hay una norma no escrita en el cuerpo de inspectores que casi obliga a abrir inspecciones a los establecimientos con porcentajes de pago en tarjeta inusualmente altos.

La facturación en negro está tan extendida en España que, desde hace años, se pueden adquirir programas informáticos que permiten decidir al final del día qué parte de la facturación en efectivo se declarará y cuánto se dejará al margen. Una vez decidido, la máquina genera los ticket necesarios para dar una apariencia de legalidad al local. Los programas de doble contabilidad o de doble uso pueden tener los días contados.

A partir de ahora, la obligatoriedad de todo empresario o profesional de ofrecer a los consumidores la posibilidad de utilizar algún instrumento de pago como alternativo al dinero en efectivo elevará la recaudación por IVA y Sociedades, según Gestha. Aunque ahí no es donde se concentra el fraude –que, según la asociación, corresponde, en un 70%, a las grandes empresas–, la norma supone un avance más en la lucha contra el fraude y el lavado de dinero negro, sea cual sea el origen de este.

Para Diego Artacho, socio de derecho penal en el despacho RCD y miembro en excedencia del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, la nueva obligación de ofrecer sistemas de pagos que dejan rastro a partir de 30 euros “es un paso más, en la buena dirección, contra el fraude fiscal”. No supondrá la eliminación de la caja B, entre otras cosas porque el cliente podrá decidir cómo paga, pero incidirá en el mayor control de las transacciones y, por lo tanto, en su justa tributación. “Desde hace unos años, la legislación es cada vez más omnicomprensiva –añade Artacho– y yo creo que poco a poco nos iremos acercando a lo que ya es normal en los países nórdicos, donde está prohibido el pago en efectivo”.

Aquí aún falta bastante para llegar a esto, aunque muchos creen que todo es cuestión de tiempo. Ayer, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, explicó en rueda de prensa que cuando se apruebe de forma definitiva el anteproyecto de ley, España transpondrá la directiva europea, conocida como PSD2, de servicios de pago, con la que se crea un marco integrado de este tipo de servicios en la UE. Al margen de lo ya expuesto sobre los pagos superiores a los 30 euros, la norma pretende hacer frente a los nuevos retos y cambios planteados en la operativa con tarjeta a través de internet o móviles y reforzar la seguridad en los pagos electrónicos. El instrumento de pago disponible –sean tarjetas u otros– habrá de anunciarse en algún lugar visible del local, establecimiento o instalaciones del empresario o profesional.

Además, la norma reducirá de 150 a 50 euros las pérdidas máximas que un cliente deberá asumir en el caso de que se produzca una operación de pago no autorizada como consecuencia del uso fraudulento, extravío o robo de la tarjeta u otro instrumento de pago. Igualmente, se recortará el plazo de respuesta para la resolución por parte de las entidades de las reclamaciones de los usuarios de servicios de pago a 15 días, frente a los dos meses que se establecía anteriormente.

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