El bono social es un descuento del 25% en la factura de la luz al que tienen derecho algunos colectivos considerados vulnerables, que alcanza a unos 2,4 millones de clientes, y que supone un coste de unos 200 millones de euros anuales, que sufragan las compañías eléctricas.

En el plan político, la postura más contundente ha sido la de Podemos que ha llevado el tema a Bruselas reclamando a la Comisión Europea una alternativa al bono social sobre pobreza eléctrica tras la sentencia del Supremo. El eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, cuestiona ante la Comisión Europea si el bono social,” que pretende combatir la pobreza energética”, incumple realmente la directiva comunitaria como argumenta el Supremo.

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha reclamado un régimen transitorio que garantice el acceso al bono hasta “que se elabore un nuevo texto normativo", y asegura que "no sería tolerable que fueran los beneficiarios del bono social los que se hicieran cargo, ni que se financiara con una nueva subida de la electricidad que afectaría a todos los usuarios"

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) destaca que la sentencia no cuestiona que sean las empresas del sector las que tengan que asumir el coste de financiación del bono social en España, ya que la normativa europea recoge de forma expresa que en aras del interés general” sean las empresas que obtienen beneficios en el sector las que financien las obligaciones de servicio público.

Por ello, pide revisar los criterios de reparto para que cumplan los de transparencia, no discriminación y garanticen la igualdad entre las empresas, pero de forma que al mismo tiempo se garanticen unas condiciones adecuadas de competencia.

La asociación de consumidores Facua dice que la decisión del Tribunal Supremo sobre la financiación del bono social eléctrico "deja en evidencia el fracaso del modelo energético del Gobierno, que es heredero de un proceso de privatización del servicio de un bien como es el suministro de electricidad".

UGT demanda una regulación normativa que asegure el acceso al suministro energético con carácter universal a los grupos más vulnerables y con rentas más bajas, evitando en todo caso el corte de suministro por falta de pago.

El secretario de Acción Sindical de CC.OO., Ramón Górriz, ha afirmado que la sentencia del Supremo favorece “a las élites y a las eléctricas”. "Una vez más, la Justicia es ignorada por algunos tribunales de justicia, al favorecer a las élites y a las eléctricas a costa de agravar la situación de las personas que peor lo pasan y desentenderse de la más elemental responsabilidad social de las empresas", ha denunciado el responsable sindical.

Por su parte, las compañías eléctricas han manifestado que ese bono social debe beneficiar solo a los colectivos que realmente lo necesitan y piden que , en la nueva regulación, se establezcan criterios de renta (en torno a los 10.000 euros al año) para poder ser beneficiario. Actualmente, colectivos como las familias numerosas o los consumidores tienen derecho a este descuento del 25%, independientemente de su nivel de renta