El año 2016 termina casi como empezó, con sentencias judiciales cada vez más claras y contundentes que sientan en el banquillo a toda una forma de hacer banca alrededor de la vivienda, y que se resume, en una palabra: estafa.
Se suceden las sentencias que revocan las prácticas abusivas de la banca fruto de la burbuja inmobiliaria gracias a héroes anónimos
Lo que se ha destapado, y que nadie se atrevía a descifrar, es que las prácticas innovadoras en banca siempre se gestaban para engañar a los ingenuos consumidores, que simplemente deseaban contratar una hipoteca porqué así se lo dictaba el sistema y su anticuado sentido común. En esta confabulación se juntaban varios eslabones imprescindibles, que sabían que nadie desde el sector público iba a defender al eslabón más débil, el consumidor.
La cadena siempre empieza en un estamento bancario, cuyos profesionales apenas saben lo que están vendiendo, dada su escasa formación financiera, en muchos casos muy similar al analfabetismo de los clientes, que se fían de lo que les cuenta su vecino o su amigo. Estos supuestos profesionales son entrenados para engañar, ya que su sueldo dependerá del número de hipotecas que logren colocar, todas ellas con cláusulas abusivas, para gloria de la innovación financiera que utiliza a grandes matemáticos, físicos e ingenieros para estafar a pobres jubilados o jóvenes parejas con ilusiones hipotecarias de pladur. El diseño de estos productos, que realmente es de lo que vive un banco, se transmite sin rubor y sin que las entidades supervisoras o reguladoras tengan nada que decir. Así, una vez conocidas las sucesivas sentencias sobre preferentes, salidas a bola fraudulentas, cláusulas suelo y ahora hipotecas inversas, el gobierno de turno (PP o PSOE) se ponen de perfil y tratan de amortiguar el golpe para el sistema financiero tratando de evitar tener que compensar al consumidor.
En la cadena de la estafa hay muchos eslabones: directores de oficina bancaria, notarios, jueces y responsables públicos de consumo
Hay otro eslabón cuya cooperación es imprescindible, los notarios, que dan fe en cuartos oscuros de que el firmante conoce y entiende todos los contratos que firma, sin cuya rúbrica nada sería legal. Estos fedatarios públicos, tan estudiados ellos, cuando el negocio va mal, como ha sido el caso de la postburbuja, aceptan cualquier cosa, con tal de mantener un tren de vida que les otorga su monopolio de oferta, tan cuidado por las elites para se vayan traspasando de padres a hijos, los magníficos donde se consagran muchos negocios delictivos.
Una vez firmados estos contratos abusivos, la banca comienza la recaudación, que solo en el caso de las cláusulas suelo, han supuesto un pingüe negocio de más de 6.000 mill€, que es la postre lo que tienen que devolver a los sufridos consumidores, cuya capacidad de lucha y defensa se ha demostrado muy débil. Este atropello y estafa en ningún momento fue detectado por los desnutridos departamentos de consumo de las CCAA, competencia transferida que además depende de las consejerías de sanidad, para mayor delito. Es decir, quien tiene que defender al consumidor de los abusos de los grandes poderes económicos, son cuatro funcionarios que, por supuesto, tienen menos formación económica-financiera que los propios consumidores.
Esta estructura es la que explica cómo las grandes compañías que estafan por sistema, eléctricas, telefonía, banca y seguros, están tan tranquilas, ya que saben que no tienen ninguna presión por parte del Estado para defender al consumidor, cuya única defensa son héroes anónimos que con su dinero, persiguen un sueño de justicia que solo será reparado por tribunales supranacionales. No hay que olvidar que los tribunales nacionales, al igual que los notarios, forman parte del plan de extorsión del consumidor que acaba pagando su propia incapacidad de discernir lo que es una estafa. Ejemplos como las preferentes, Fórum y Afinsa, o Ruiz Mateos, son claros exponentes de cómo se estafa al consumidor y apenas hay penas para los inductores y quienes los autorizaron. La resistencia en el Ministerio de Economía a declarar los productos de Fórum y Afinsa como financieros, para evitar una responsabilidad subsidiaria del Estado, fue gloriosa, lo que dejó a millones de afectados sin indemnización por dejación de funciones.
Sigue sorprendiendo que la defensa del consumidor, especialmente de casos financieros, siga enclavada en los departamentos de Sanidad
Recientemente han sido las hipotecas inversas las que se podrían declarar nulas, ante la primera sentencia que califica de abuso lo que se ha estado haciendo con incautos jubilados, que creían que por una limosna más al mes, perdían todos los derechos de su vivienda, con el consiguiente daño patrimonial para ellos y sus herederos. De nuevo, la DGS ha hecho abstracción de sus competencias y ha permitido abusar y estafar a miles de usuarios, y ha tenido que ser un anónimo ciudadano el que ponga patas arriba el sistema de pillaje que muchas entidades han establecido, con la excusa de ayudar a vivir mejor a pobres jubilados.
Las hipotecas inversas para jubilados ha sido la última jugada que el sistema judicial tumba por abusiva
Hace tiempo que propuse en ciertos estamentos que la defensa del consumidor, dada la tipología de productos que hoy son motivo de quejas y estafas, debía pasar a los departamentos de economía y finanzas del sector público. Además, todo producto con riesgo debía pasar un dictamen vinculante por parte de los defensores del consumidor antes de ser comercializado. Y ahondando más, en cada entidad financiera y de seguros, un departamento independiente debía calificar el perfil financiero de cada cliente y estar presente en toda negociación de cualquier producto a contratar. Por supuesto, nada de esto se puede consolidar en un país donde la connivencia entre el poder político y financiero-empresarial es tan clara y nítida. Ahora que toca devolver tanto dinero a los contribuyentes, el PP y el PSOE se han apresurado a diseñar un protocolo de buenas prácticas para que se pueda arbitrar una forma de pago que beneficie siempre al más fuerte, y deje al consumidor tirado una vez más.
No hay voluntad de establecer un sistema vinculante de vigilancia de productos financieros y de seguros por parte del Estado
En resumen, la banca está de enhorabuena, porque le sale gratis todo su montaje de estafa y pillaje de tantos consumidores que solo pueden confiar en que alguien tenga el arrojo, los medios y la paciencia para ir tumbando poco a poco lo que de forma sarcástica se llama innovación financiera. Más valdría que todas esas cabezas pensantes se dedicasen a generar beneficios reales a la comunidad y no a que el sistema financiero pueda vivir de todo menos de lo que realmente tiene que hacer: prestar sin usura para hacer crecer el país, formando a su personal para que pueda satisfacer las necesidades del consumidor y que el Estado cumpla su función de defensa del más débil. Habré bebido demasiado en Nochevieja, porque esto en España es ciencia ficción.
Fuente: VozPopuli