Ignacio Tudela, Julio Molina y Nicolás Rodríguez, representantes de Facua, CEAV y UPTA; y los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, de CCOO, Unai Sordo, y de Uatae, María José Landaburu, durante la convocatoria de prensa de este miércoles.ZIPI (EFE)

Los sindicatos UGT y CC OO, las asociaciones de autónomos Uatae y UPTA, y las organizaciones de los consumidores Facua y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) han convocado movilizaciones para el próximo 23 de marzo (el miércoles de la semana próxima) para protestar por el encarecimiento de los precios de la energía y reclamar la protección del empleo y de los salarios después de que la invasión de Rusia sobre Ucrania haya producido un encarecimiento de los precios sin parangón.

Durante una rueda de prensa celebrada este miércoles, las organizaciones han presentado un manifiesto firmado al unísono, en el que, entre otras reclamaciones, instan al Gobierno a que actúe en la rebaja de los precios que han disparado la factura de la luz, y que han castigado especialmente a los hidrocarburos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha solicitado a las autoridades europeas que levanten “las normas que impiden el control de los precios”, y al Ejecutivo de Pedro Sánchez que vaya a fondo “en las competencias que tiene para limitar la escalada de los precios”. “Los estados tienen que tener todas las herramientas para poder hacer frente”, ha señalado Álvarez.

Junto al líder de UGT también ha comparecido Unai Sordo, secretario general de CC OO, quien ha explicado que durante el día 23 se convocarán concentraciones durante la mañana en los centros de trabajo y por la tarde en las calles de distintas ciudades de España. “Pedimos al Gobierno que actúe porque ya hay márgenes para hacer cosas. Gran parte del disparate de precios que tenemos en España tiene que ver con que los precios energéticos se determinan en un pool donde lo fija la energía más cara”, ha indicado.

La determinación de que las movilizaciones se lleven a cabo el próximo miércoles tiene que ver con el hecho de que durante los dos días inmediatamente posteriores ―24 y 25 de marzo― se producirá un encuentro del Consejo Europeo en el que los líderes políticos de los diferentes países analizarán las opciones que existen para desligar la subida del precio de la electricidad del precio del gas.

“Estamos inmersos en una profunda crisis a causa de la guerra de Putin, pero no solo de eso. La UE ha permitido la proliferación de oligopolios, de rentas excesivas y la especulación con materias primeras”, ha asegurado, por su parte, María José Landaburu, secretaria general de Uatae. “Esto nos ha afectado y ha deteriorado nuestra calidad de vida. Tenemos que recuperar la Europa social, de los derechos, de la solidaridad, y por ello necesitamos un escudo social y energético”, ha añadido.

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Nicolás Rodríguez, secretario general de AMTAS-UPTA, ha lamentado que los efectos del alza de los precios de la energía y de los hidrocarburos los paguen “de forma especial los autónomos”, y que estas subidas “hacen inviables miles de negocios”. “No podemos seguir aceptando el chantaje de las compañías eléctricas y petroleras. Estamos ante un reto y solo lo podemos superar juntos”, ha completado. “La situación no puede seguir así. Consideramos imprescindible que se pongan en marcha una serie de medidas para que no seamos los consumidores los que soportemos esta situación. El Gobierno debe elaborar un sistema para limitar los beneficios tan abusivos que han tenido las eléctricas”, le ha apoyado Ignacio Tudela de Facua. “En esos encuentros de los días 24 y 25 se va a ver si estamos ante la Europa social o la de los oligopolios”, ha añadido Julio Molina, de CEAV, quien también ha apuntado que esta situación debería replantear el debate acerca de “tener una empresa pública de electricidad en España”.

En cuanto a la bajada de impuestos como respuesta a la escalada de los precios en la que trabaja el Gobierno dentro del Plan Nacional de respuesta a la guerra, tanto UGT como CC OO han rechazado esta vía. Mientras que para Álvarez supondría “rebajar la capacidad del Estado para redistribuir la riqueza y aumentar los beneficios de las empresas”, Sordo ha denunciado que hacerlo solo buscaría “ocultar la raíz del problema” y lo ha calificado de “disparate”.